Escrito originalmente en inglés por English, traducción al español por OGMA Language Studio.
Esta es la primera historia de una serie de cuatro artículos que analiza el desarrollo de la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump en el estado de Green Mountain. Las siguientes tres historias siguen a familias que están lidiando con las consecuencias de esta situación.
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En una cálida tarde de finales de septiembre, Will Lambek se acercó a un intercomunicador situado fuera de la estación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en Richford.
Su teléfono móvil había recibido una avalancha de llamadas y mensajes de texto desde que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieran a nueve trabajadores de construcción durante una operación selectiva en Hardwick esa misma mañana.
Lambek, un organizador del grupo Migrant Justice, había acudido a la estación de la CBP buscando respuestas sobre el paradero de los detenidos.
“Me preguntaba si quizás los habían traído aquí. ¿O si saben si están en el ICE de St. Albans?”, preguntó Lambek al agente a través del altavoz del intercomunicador.
“Claro, no hay problema, espere un momento”, respondió el agente.
Si la CBP tenía la respuesta, se negaba a compartirla con Lambek.
“Muy bien, sin comentarios”, concluyó el agente. “Que tenga un buen día”.
Lambek regresó al vehículo para reanudar la búsqueda de los trabajadores inmigrantes, todos ellos residentes del condado de Caledonia.
En enero, el significado de la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump para los inmigrantes en Vermont era incierto. La dura realidad se hizo evidente el 21 de abril, cuando los agentes de inmigración arrestaron y detuvieron a ocho personas en una granja lechera de Berkshire.
Esa fue, en su momento, la mayor redada migratoria conocida en la historia de Vermont. Desde entonces, ha sido superada en múltiples ocasiones en comunidades de todo el estado, incluyendo los arrestos de Hardwick.
“Creo que todavía están ocurriendo muchas cosas en las sombras”, dijo Lambek a Vermont Public (dado que ya se mencionó anteriormente). Hasta predijo que los habitantes de Vermont “se van a sorprender por el alto número” de arrestos.
Durante la última década, Vermont había visto un impulso bipartidista para proteger a su creciente comunidad de trabajadores inmigrantes, prohibiendo a la policía estatal y local colaborar con las autoridades federales de inmigración en la aplicación de la ley de inmigración civil.
Sin embargo, en el último año, una afluencia de recursos en el Departamento de Seguridad Nacional y los cambios significativos en sus protocolos de aplicación de la ley han proporcionado a las agencias federales las herramientas necesarias para actuar por su cuenta en las comunidades rurales de Vermont y llevar a cabo arrestos.
Según Migrant Justice, en los últimos 10 meses, agentes federales han arrestado a más de 100 personas en Vermont. Esos arrestos han trastornado las vidas de los individuos detenidos y de las familias que sostienen, así generando conmoción en sus comunidades.
Fundada en 2009 para mejorar las condiciones laborales y promover los derechos civiles de los trabajadores agrícolas inmigrantes de Vermont, Migrant Justice ha tenido que dedicar la mayor parte de su labor este año a ayudar a los inmigrantes afectados en un programa de deportación distinto a todo lo que la organización había enfrentado anteriormente.
Rossy, organizadora de Migrant Justice que reside y trabaja en Vermont desde 2017, prefiere que Vermont Public no utilice su apellido porque su situación migratoria la pone en riesgo de ser deportada.
“Vivimos aterrorizados”, confesó Rossy, asistida por un intérprete. “Cuando nos enteramos de una detención migratoria como esta, siembra el terror en la comunidad y se produce un efecto dominó muy acelerado donde la gente se entera y siente miedo. No quieren salir de sus casas. No quieren visitar a familiares ni quieren ir de compras”.
Migrant Justice opera una línea de ayuda de emergencia disponible las 24 horas del día para que la gente informe sobre detenciones de inmigrantes, y mantiene una base de datos con los expedientes de las personas arrestadas y detenidas en Vermont. Una redada de trabajadores de la construcción en una gasolinera de Jeffersonville ocurrida a principios de noviembre elevó el total de este año a más de 100 detenciones.
El año pasado, la organización documentó menos de 20 detenciones.
Las autoridades federales de inmigración no han compartido datos específicos sobre el número total de detenciones en Vermont este año. Sin embargo, los datos regionales muestran la magnitud de la campaña de deportación del gobierno de Trump.
El año pasado, entre el 20 de enero y el 2 de diciembre, el ICE realizó 2044 detenciones y llevó a cabo 933 expulsiones en el “área de responsabilidad” de Boston, una región que comprende Vermont, Massachusetts, Maine, Connecticut, Rhode Island y New Hampshire.
Durante el mismo periodo de este año, el ICE realizó 8848 detenciones y llevó a cabo 9987 expulsiones, lo que supone un aumento de diez veces en el número de inmigrantes deportados.
Cuando las personas son detenidas, el Center for Justice Reform Clinic de Vermont es uno de los pocos lugares en el estado a los que pueden recurrir para recibir servicios legales. El año pasado, el centro recibió solo cuatro llamadas de personas que buscaban asesoramiento o consejo, según su director, Brett Stokes.
“Al día de hoy, simplemente he perdido la cuenta del número de llamadas que ha recibido nuestra oficina”, dijo Stokes.
Stokes y otros abogados de inmigración estaban inseguros sobre qué esperar con el segundo mandato de Trump, dado que su retórica de campaña de 2016 no se había materializado en grandes modificaciones políticas durante su primer mandato en la Casa Blanca.
“Si se intenta comparar en detalle las políticas de Trump 1 con las de Biden, es que son exactamente iguales”, señaló Stokes. “No hubo diferencias cuantificables en la política de control de inmigración entre esas dos administraciones”.
Stokes afirmó que el segundo mandato de Trump se ha adentrado en territorio desconocido.
“Básicamente, lo describo como una máquina de deportación llevada al extremo”, dijo.
Según Stokes, una característica distintiva de la nueva administración es el abandono de las normas históricas que dirigían la aplicación de la ley de inmigración principalmente en las amenazas a la seguridad pública.
“Ahora, cualquier persona puede ser detenida, a diferencia del pasado, donde existía algo parecido a lo que yo llamaría pautas o prioridades de aplicación de la ley”, afirmó.
La administración Trump también ha aumentado drásticamente los recursos financieros disponibles para el Departamento de Seguridad Nacional destinados a la aplicación de la ley de inmigración, y ha adoptado una postura mucho más agresiva en los tribunales federales de inmigración.
Los residentes de Vermont atrapados en esta red más amplia a veces han sido enviados a centros de detención fuera del estado, acusados por el gobierno federal de nada más que un delito civil de inmigración. Entre ellos se encuentra Jose, quien vino al estado desde Chiapas, México, hace aproximadamente un año y medio.
Jose —Vermont Public no utiliza su apellido debido a su situación migratoria— trabaja en una granja en el condado de Franklin. Agentes de inmigración se presentaron en su casa en primavera, lo arrestaron y lo trasladaron en avión a un centro de detención en Texas.
“Al principio fue triste, por la incertidumbre y por pensar que íbamos a ser deportados”, comentó hablando con la ayuda de un intérprete.
Jose fue liberado bajo fianza y regresó a Vermont. Aunque el caso de deportación del gobierno federal en su contra sigue pendiente. Jose afirmó que ha cambiado tras estar encerrado durante esas dos semanas. Ya no sale de su casa y vive con miedo de que lo arresten de nuevo. Pero dijo que la experiencia solo ha reforzado su determinación de construir una vida más próspera y segura para su familia en Vermont.
Jose tiene una esposa y un hijo de 13 años en Chiapas a quienes espera traer algún día a Estados Unidos.
“Deben saber que como comunidad estamos unidos”, declaró. “Y estamos comprometidos a quedarnos aquí, defender nuestros derechos y seguir progresando como comunidad”.
Rossy, la organizadora de Migrant Justice, dijo que cuando llegó por primera vez a Vermont, la mayoría de los inmigrantes trabajaban en granjas. Ahora, también son pilares en las industrias de la construcción y la hostelería.
El Departamento de Trabajo de Vermont afirmó no tener datos sobre el número de personas indocumentadas en la fuerza laboral del estado. Por su parte, Migrant Justice estima que el número de inmigrantes latinoamericanos que trabajan sin autorización se aproxima a los 3,000.
A pesar de la campaña de deportación de Trump, Rossy subrayó que la mayoría de estos inmigrantes aún quieren hacer su vida aquí.
“No se trata de la lucha de hoy. No se trata de la lucha de mañana. Es para el largo plazo”, dijo Rossy. “Y tal vez yo no sea la que se beneficie de esta lucha, pero tal vez serán los niños, o la próxima generación después de ellos”.
Rossy comentó que ha sido gratificante ver a tantos habitantes de Vermont protestar contra ICE y firmar peticiones judiciales en apoyo de los inmigrantes detenidos.
“Creo que aquí en el estado de Vermont mucha gente nos ve y reconoce nuestra lucha por los derechos humanos”, afirmó. “Sabemos que hay gente aquí que nos apoya”.
Luego, hizo una pausa y comenzó a llorar.
Lo que también ha quedado claro en los últimos 10 meses, continuó Rossy, es cuánta gente quiere que se vayan.
“También sabemos que hay mucha gente que no nos quiere aquí, que es racista, que discrimina contra nosotros, que se alegra de lo que nos está pasando”, expresó. “Así que, a esas personas, quiero decirles que nosotros también somos seres humanos y que merecemos lo mismo que todos los demás”. ■
