Escrito originalmente en inglés por English, traducción al español por OGMA Language Studio.
Esta es la última historia de una serie de cuatro artículos que analiza el desarrollo de la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump en el estado de Green Mountain. Lea el resto de la serie aquí.
En la Universidad Estatal de Vermont en Castleton, alrededor de una docena de estudiantes nacidos en el extranjero se turnaban para leer pasajes de un ensayo sobre el auge de las compras en línea.
Heidi Perez, de 18 años, se concentraba intensamente en la copia impresa que sostenía con ambas manos, impresionando a su profesor con su nítida elocución mientras leía en voz alta sobre los cambios estadísticos en el comportamiento del consumidor.
Como parte de sus estudios universitarios, los estudiantes de primer año estaban aprendiendo inglés como segunda lengua. La trayectoria de Perez, hija de trabajadores agrícolas migrantes de Chiapas, México, hasta llegar a esa aula, había sido más complicada que la de la mayoría de sus compañeros.
El 14 de junio, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos rompieron la ventanilla del vehículo en el que viajaba Perez, arrestando a la joven y a su padrastro. Esto ocurrió en Richford, mientras entregaban comida a los hogares de trabajadores agrícolas migrantes.
La joven, que se había graduado de Milton High School unos días antes, se encontraría detenida las siguientes cuatro semanas en una celda del centro penitenciario regional de Chittenden, en South Burlington.
En julio, cientos de habitantes de Vermont se manifestaron frente al edificio del tribunal federal de Burlington para pedir su liberación. Unos días más tarde, un juez de inmigración les concedió la libertad bajo fianza, lo que permitió a Perez convertirse en la primera persona de su familia en ir a la universidad, pese a que el caso contra ella sigue abierto.
Perez ha experimentado los nervios típicos con los que se enfrentan la mayoría de los nuevos estudiantes universitarios.
“Estoy acostumbrada a vivir con mi familia, y todo esto es bastante nuevo. Cuando llegué aquí me sentí un poco confundida, un poco fuera de lugar”, comentó Perez, quien habló con Vermont Public con la ayuda de un intérprete.
Sin embargo, ha tenido que lidiar con un estrés adicional que otros estudiantes no tienen.
“Antes de la detención me sentía muy segura aquí. No había oído hablar de muchas detenciones”, dijo Pérez. “Después de la detención, obviamente las cosas cambiaron para peor”.
Perez llegó a Vermont desde Chiapas en 2022, a la edad de 15 años, para reunirse con su madre, quien había llegado cinco años antes para trabajar en una granja lechera. Ella forma parte de una tendencia reciente de un número creciente de niños inmigrantes que viajan a Vermont para reunirse con sus padres.
Ninguna agencia estatal o federal mantiene datos fiables sobre la cantidad de niños indocumentados en Vermont. No obstante, la organización de defensa Migrant Justice estima que el número probablemente se encuentre cerca de varios cientos de hijos de inmigrantes latinoamericanos indocumentados.
A raíz de que las autoridades federales de inmigración han arrestado a un número récord de personas en Vermont —más de 100 en los últimos 10 meses—, esto ha alterado la realidad cotidiana no solo de los padres, sino también la de los niños que los siguieron hasta aquí.
Yesenia es una madre soltera de Tabasco, México, que se mudó a Vermont en 2017 con el objetivo de poder proveer un mejor futuro para sus dos hijos que se quedaron en su país. Vermont Public solo utiliza su primer nombre porque su situación migratoria la expone al riesgo de deportación.
“No había forma de llegar a fin de mes y ellos necesitaban cosas”, explicó Yesenia con la ayuda de un intérprete. “Así que esta era la única forma de ganar suficiente dinero para poder enviarles lo necesario”.
Hace unos tres años, sus hijos, ahora de 14 y 18 años, viajaron a Vermont para reunirse con ella. La familia vive en una pequeña casa cerca de la granja lechera donde Yesenia alimenta a los terneros, y los jóvenes asisten a escuelas públicas locales. La hija de Yesenia ha sido aceptada en un programa de arquitectura en la Universidad de Norwich.
Sin embargo, la creciente amenaza de deportación ha nublado sus nuevas vidas aquí.
“Nos sentimos como si estuviéramos al borde del precipicio y que cualquier cosa podría suceder”, dijo Yesenia. “Hablamos de cómo sería volver a México, pero las cosas no van tan bien allí. Y si quieren una educación, este es el lugar para lograrlo. No creo que pudieran tener en México el mismo futuro que podrían tener aquí”.
El hecho de que tal futuro, por incierto que sea, exista en Vermont se debe a los esfuerzos de los propios trabajadores inmigrantes, entre ellos Heidi Perez.
El año pasado, Perez viajó al Capitolio en varias ocasiones para instar a los legisladores a que los residentes de Vermont fueran elegibles para las tasas de matrícula estatales y las ayudas económicas basadas en las necesidades, independientemente de su situación migratoria.
“Les expliqué por qué la educación es tan importante, por qué deseaba estudiar, por qué esa oportunidad significaba tanto”, dijo Pérez. “Y seguimos volviendo una y otra vez para hablar con los legisladores y, finalmente, lo logramos”.
La joven es muy consciente de la importancia que tiene ese logro en su comunidad.
“Antes, los jóvenes venían aquí solo para trabajar. ¿Por qué? Porque no sabían que podían estudiar aquí, en Vermont”, explicó Perez durante el desayuno en la cafetería de Castleton. “Pero ahora, gracias a que nos organizamos como comunidad y conseguimos el derecho a la educación, sabemos que es posible”.
No obstante, el futuro por el que luchó la propia Perez en el sistema educativo ahora depende del resultado de su caso de inmigración pendiente. Aunque un juez le concedió la libertad bajo fianza, las autoridades federales mantienen activo el caso contra ella.
Se le acusa de un delito civil de inmigración. Por ello, el gobierno federal quiere que sea deportada de los Estados Unidos. ■
