La Policía Estatal de New Hampshire es la agencia de aplicación de ley más reciente — y más grande — del estado en anunciar una alianza con ICE como parte de los esfuerzos de aplicación de ley migratoria del presidente Trump, una decisión que los activistas de derechos de inmigrantes dicen que es injustificada y potencialmente dañina.
La Policía Estatal de N.H. anunció la semana pasada que formalmente se ha inscrito en lo que se conoce como el programa 287 (g) de ICE como
una aliado de modelo de fuerza de tarea (task force en inglés), que dará a un número no especificado de policías estatales la capacidad de hacer cumplir aspectos de leyes federales de inmigración — como cuestionar y detener a personas por su estatus legal — un tema que tradicionalmente solo ha sido manejado por agentes federales. Es la única agencia policial estatal en New England que participa.
La alianza con ICE aparece para contradecir partes de una política emitida en 2019 por la Policía Estatal de New Hampshire para ejercer políticas “justas e imparciales”, incluyendo prohibir a oficiales detener a individuos sospechosos de estar ilegalmente en el país basándose solamente en una causa probable.
Eva Castillo, una activista de inmigración de Manchester, estuvo involucrada en la creación de la política de 2019, y dice que realmente hizo una diferencia para las comunidades inmigrantes.
Ahora, le preocupa que la alianza con ICE afecte la confianza entre oficiales y los residentes que sirven y protegen.
“Espero no regresar a esos días donde manejar como persona de color es un pecado en New Hampshire”, dijo en inglés Castillo.
‘Esperar y ver qué pasa’
El programa de alianzas 287(g) se remonta a los noventas, pero la parte de modelo de fuerza de tarea prácticamente se terminó durante la administración de Obama debido a preocupaciones de perfilamiento racial. La ACLU ha dicho que el programa es “un vehículo para políticos racistas y antiinmigrantes, en lugar de la auténtica medida de seguridad pública que sus defensores han proclamado”.
La administración de Trump ha aumentado el número de aliados desde que retomó el cargo, ya que busca cumplir con sus promesas de campaña de deportar a las personas sin estatus legal de residir en el país, incluyendo aquellos que podrían tener récords criminales.
Más de 500 agencias de aplicación de ley a nivel nacional se han registrado en el programa, según la base de datos de ICE. Esto incluye otras nueve agencias de New Hampshire, entre esas, algunos departamentos de alguacil del condado y algunos departamentos de policía locales.
La gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, felicitó a la policía estatal por asociarse al programa, diciendo la semana pasada que “los criminales que están en el país ilegalmente y representan un peligro a nuestras comunidades, deben ser aprehendidos y retirados”.
Esto fue repetido por el coronel Mark Hall, quien dijo que “los miembros de la Policía Estatal de New Hampshire están comprometidos a mantener a las comunidades entre las más seguras de la nación”.
Sin embargo, lo que aún no es claro es si la policía estatal seguirá cumpliendo su política de “Vigilancia Policial Justa e Imparcial” de 2019. Bajo dichas guías, los oficiales no pueden “arrestar o detener a un individuo solamente por una causa probable de que el individuo sea un extranjero indocumentado”, según el documento en inglés. Durante las paradas de vehículos motorizados, los oficiales no podían preguntar temas vinculados a migración excepto que hubiera otra sospecha de actividad criminal.
Pero según un memorándum recientemente firmado con ICE, los oficiales tendrán el “poder y autoridad de interrogar a cualquier extranjero o persona que se crea que es extranjera” sin importar su estatus legal en el país, al igual que hacer arrestos vinculados a migración.
Un vocero de la Policía Estatal de New Hampshire dijo que “los policías con autoridad delegada según el acuerdo seguirán todas las políticas de la Policía Estatal” pero la agencia se negó a responder si las políticas de 2019 aún seguirán en efecto.
Castillo dijo que ella se reunió con líderes del Departamento de Seguridad del estado a fines de la semana pasada para abordar sus preocupaciones sobre los nuevos poderes extendidos.
“Creo que van a intentar adherirse lo mejor posible a los principios de no realizar perfilamiento racial en las carreteras”, dijo ella en inglés. “Aunque al principio me dio pánico, creo que tiene sentido esperar y ver qué pasa”.
Según una base de datos de ICE, otras nueve agencias de aplicación de ley de New Hampshire también se han asociado al modelo de fuerza de tarea: las oficinas del alguacil de los condados Belknap, Grafton y Rockingham, y los departamentos policiales en Candia, Colebrook, Gorham, Ossipee, Pittsburg y Troy.
Bajo los términos del programa, cualquier gasto que se realice durante la implementación de la alianza recae en los contribuyentes locales o estatales, y no son cubiertos por el gobierno federal.
Traducción de María Aguirre
